Honduras - La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), expresa su preocupación por el clima de censura y represión contra la prensa nacional e internacional en Honduras y se solidariza con quienes las han padecido, tras los acontecimientos políticos de los últimos días.

El Comité Directivo de la Fundalex recuerda la necesidad de mantener el respeto a las garantías individuales, entre ellas la de la libertad de expresión, pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía en cualquier parte del mundo.

La Fundalex reprueba el 'black out' mediático mediante el cual se dejó a la población hondureña en la indefensión informativa por la suspensión o cierre de la mayoría de los medios audiovisuales hondureños e internacionales.

Dentro de territorio hondureño la censura alcanzó entre otras a Radio Progreso, una emisora perteneciente a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), cuya señal fue suspendida de inmediato.

Otros medios independientes fueron clausurados, mientras algunos transmiten música tropical, novelas y programas gastronómicos, con un claro ocultamiento a lo ocurrido.

Los operadores de cable fueron instruidos a dejar de transmitir la información de las televisoras internacionales Telesur, Cubavisión Internacional y CNN Español, además de las frecuencias de Radio Globo y otras varias emisoras.

De igual forma, el lunes los militares detuvieron brevemente a siete corresponsales extranjeros, quienes cubrían los hechos posteriores a la destitución del presidente Manuel Zelaya.

La Fundalex se solidariza con el pueblo hondureño porque con la libertad de expresión y el derecho a la información canceladas, se crea un clima de inseguridad que pone en riesgo a los hombres y mujeres a favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

La Fundalex se une a las organizaciones internacionales que exigen respeto a la libertad de prensa y de expresión en aquel país, entre otras la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas, la ONG Reporteros Sin Fronteras, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Agencia Difunet

Sugerencias adicionales:

Bibliografía.

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México - Organizaciones civiles, ambientalistas, periodistas, intelectuales, artistas, caricaturistas y ciudadanos de a pie lanzaron este día un llamado a no utilizar la inseguridad y el clima de violencia sin precedente que vive el país para criminalizar la protesta social.

"La criminalización de la protesta social es la atribución que se toman los gobiernos para ejercer una facultad que nadie les otorgó: maltratar a quienes deben cuidar, persiguir a quienes deben proteger, ignorar a quienes deben mayor atención, y servir a quienes deben controlar. En otras palabras, en nuestro país opera un "derecho mafioso", donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y contra quienes cuestionan o se enfrentan al Estado. Esto nos preocupa porque significa que en México se están distorsionando conceptos esenciales de la democracia, tales como la legalidad y el Estado de Derecho. Es decir, cuando el gobierno utiliza estos conceptos -legalidad y Estado de derecho- en el marco de la protesta social, lo hace para justificar la represión y la violencia institucionalizada. La criminalización de los movimientos y protestas sociales en México muestran cuán lejos estamos de una auténtica democracia", afirmó Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Algunos ejemplos de cómo se está intentando criminalizar la protesta social son:

Iniciativa de ley del senador Mario López Valdez, del PRI, para modificar el Código Penal Federal (art. 209) y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (art. 2) en el rubro de apología del delito.

Llamados del Partido Verde a aprobar la pena de muerte.

Algunos contenidos de la reforma constitucional penal, aprobada el 19 de junio pasado, como son la figura del arraigo y la definición del régimen de excepción para la delincuencia organizada, que pueden ser utilizados en contra de los movimiento sociales.

Modificaciones publicadas el pasado 19 de septiembre, en materia de entrega de recompensas a quienes colaboren en la localización o detención de personas contra las cuales exista mandato de aprehensión.

Llamados a la unidad, del licenciado Felipe Calderón, con mensajes de este tipo: "La Patria exige la unidad nacional... Unidad que implica dejar ya, a un lado, acciones o intereses que buscan dividir a los mexicanos. Unidad que supone apoyar la tarea del Estado para hacer frente a los criminales... se puede discrepar pero no deliberadamente dividir y enconar. Se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza pero no se puede atentar contra el Estado".

Llamados a la unidad en el mismo sentido de algunos sectores más de la población, entre otros.

"Estamos preocupados porque al amparo del discurso gubernamental contra la inseguridad se está cuestionando a aquellos que por muy diversas razones critican el estado actual de cosas en el país. Hoy quienes defienden su patrimonio natural, quienes se oponen a proyectos depredadores y que excluyen a las comunidades, quienes buscan defender activamente sus derechos, quienes luchan contra la pobreza o quienes, simplemente, no están de acuerdo con las decisiones que en nombre de todos se toman en este país, están siendo convertidos en delincuentes. Al amparo de ambigüedades legales se pretende equiparar a los activistas con delincuentes y esto es una muy mala se?al del gobierno. Los problemas que el país enfrenta necesitan soluciones radicales, de largo plazo y que atiendan al bien común. De ninguna manera van a ser resueltos quitando derechos y acallando a quienes buscamos activamente una sociedad más justa", afirmó Patricia Arendar, directora de Greenpeace México.

Los representantes de diversas organizaciones que asistieron a la conferencia advirtieron que la criminalización de la protesta social es el primer paso rumbo a la criminalización de la sociedad en su conjunto -por hablar, disentir, cuestionar, protestar- y a la eliminación progresiva de los derechos fundamentales.

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