España - Por primera vez en España se han analizado 233 espacios litorales protegidos. De ellos, 120 están acosados por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación.

Además, Greenpeace ha detectado 478 casos de corrupción urbanística, con 625 imputados, de los que más de la mitad son cargos públicos.
Greenpeace ha presentado hoy la novena edición del informe Destrucción a Toda Costa. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El informe pone de manifiesto que ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años. Más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.

Las cifras del informe constatan cómo el desarrollo inmobiliario ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles, acosando al poco territorio virgen que queda en el litoral. Estado y comunidades autónomas son responsables de un desarrollo urbanístico depredador, calificado por el Banco de España como "economía suicida". Los casos de corrupción urbanística siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las comunidades autónomas costeras. El informe también realiza un detallado estudio de los graves problemas de contaminación presentes en el litoral.

"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Andalucía tiene 18 ENP amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y donde se ha construido el hotel ilegal de El Algarrobico.

Asturias es, después de Euskadi, la comunidad autónoma con menos espacios protegidos en la costa. Además, está prevista la creación de hasta 2.500 amarres en su litoral o la construcción de un campo de golf en Gozón, en plena Red Natura 2000.

Cantabria, con cuatro ENP muy amenazados, ocupa el segundo lugar después de la Comunidad Valenciana en el porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros. Es paradigmático que siga operativo un campo de golf en el Parque Natural de las Dunas de Oyambre.

Cataluña, con ocho ENP amenazados, tiene en el Delta del Ebro el más claro ejemplo de acoso urbanístico y de infraestructuras a un espacio supuestamente protegido, donde la Agencia Europea de Medio Ambiente ha considerado al Delta como un "punto de alarma" por la contaminación de sus aguas debido a actividades industriales.

La Comunidad Valenciana tiene 21 ENP amenazados por diversos proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen asfixiando a este humedal.

Euskadi, con ocho ENP amenazados, tiene el porcentaje más bajo de costa protegida de todo el Estado. Y ejemplos como el proyecto de construcción de un puerto exterior de Pasaia en Jaizkibel, que forma parte de la Red Natura 2000, no avalan los argumentos de desarrollo sostenible que esgrime la Diputación de Guipúzcoa.

Galicia, con 17 ENP amenazados aunque, en la teoría, la Xunta reconoce que tiene más de la mitad de su costa protegida. Pero de nada sirve proteger bajo un marco legal si, como en el caso del ENP de la Costa da Morte, se pretende construir una piscifactoría de 300.000 metros cuadrados, en pleno espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000 europea.

En las Islas Baleares hay 14 ENP amenazados. Unos espacios protegidos que sufren una merma diaria en sus valores naturales. Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera.

En las Islas Canarias 14 ENP están amenazados. En esta comunidad autónoma el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.

La Región de Murcia, con siete ENP amenazados en tan sólo 300 kilómetros de litoral. La Región ostenta uno de los peores ejemplos del acoso a la costa virgen, con una reforma en la Ley del Suelo para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre (15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo turístico.

En el informe también se han analizado las agresiones costeras a los ENP de Ceuta y Melilla. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, poco a poco se va urbanizando el ENP de Monte Hacho, y en Melilla, los focos de contaminación y la ampliación del puerto amenazan el ENP de los Acantilados de Aguadú.

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