Madrid, España - La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio muestra un menosprecio manifiesto por la protección de la flora y fauna silvestres en la Comunidad de Madrid, ya que sólo el 3,8 % del presupuesto de 2010 se dedica realmente a ese fin, mientras que el 66% se destina a caza y pesca y el 28% a medidas para mitigar los daños ambientales causados por la autovía M-501.

El progresivo deterioro de los ecosistemas naturales y la desaparición de especies es uno de los tres grandes problemas ambientales a escala global. Para llamar la atención sobre este problema, Naciones Unidas declaró el 2010 Año Internacional de la Biodiversidad. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, desde que desapareció la Consejería de Medio Ambiente, al fusionarla con urbanismo (2004) y más recientemente con vivienda (2008), el esfuerzo por la protección de las especies y sus hábitat ha caído en picado.

Este desdén se visualiza en la partida presupuestaria, de 2010, dedicada supuestamente a protección de flora y fauna. De un total de 2.260.000 euros de inversión, casi un millón de euros se destinan a caza y pesca. En concreto 519.000 euros a caza y 464.090 euros a pesca, incluyendo en esta última, 224.000 euros, para repoblaciones en ríos y embalses con trucha arcoiris. Se trata de una especie alóctona de origen norteamericano que está poniendo en riesgo la supervivencia de la trucha común, una especie autóctona y desparecida en muchos tramos de ríos, y arroyos en la región.

Del resto del presupuesto, 720.000 euros son medidas compensatorias y de integración de la autovía M-501. Buena parte de este dinero se destina a mitigar el daño ambiental causado por el desdoblamiento de esta carretera. Esas partidas no deberían correr a cargo de la Consejería de Medio Ambiente y, así se afirmó en su momento, si no de la de Transportes e Infraestructuras.

Otras cantidades se dedican a los trabajos que se están realizando con la cabra montés, en La Pedriza, para permitir la caza de esta especie, recientemente autorizada por la Dirección General de Medio Ambiente, etc

Sólo 86.000 euros, un 3,8% del total de 2.260.000, se destinan a la protección de especies amenazadas, en concreto al águila imperial, al halcón peregrino y al buitre negro. Ni un solo euro para la conservación de flora o de especies animales catalogadas por la propia Comunidad de Madrid como “En Peligro de Extinción” como el águila perdicera (con tan solo tres parejas en la Comunidad de Madrid), la cigüeña negra, el galápago europeo o el lince ibérico, la bestia negra del gobierno regional, todos ellos amenazados a nivel mundial.

Mientras la escasez presupuestaria pone en riesgo la conservación de muchas especies, cuantiosas partidas del presupuesto de conservación de fauna se destinan a favorecer otros intereses, como la dotación de 100.000 euros, el doble de lo destinado al águila imperial, a una escuela de pesca en Santa María de la Alameda, cuya alcaldesa Begoña García Martín es Diputada por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid.

Fuente: Ecologistas en Acción

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España - Todos los procesos de protección de la costa han sido abandonados por la Dirección General de Costas desde hace dos años. Demandan a las administraciones que cumplan con sus obligaciones y protejan la costa española.

Greenpeace ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Granada contra el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por el abandono de la expropiación de los terrenos donde se asienta el hotel de El Algarrobico (Carboneras, Almería). De esta manera, la organización ecologista ha acudido una vez más a los tribunales para seguir demandando a las administraciones que cumplan con sus obligaciones y protejan la costa española.

A mediados de 2009 se conoció la noticia de que el Delegado de Gobierno en Andalucía había acordado el desistimiento del procedimiento expropiatorio de bienes inmuebles en el paraje de El Algarrobico. Con esta decisión, el Ministerio de Medio Ambiente abandonaba cualquier intención de acabar con el peor ejemplo de la degradación del litoral español y, además, lo hacía de forma fraudulenta, según Greenpeace.

Greenpeace fundamenta jurídicamente su denuncia en el hecho de que, si en febrero de 2007 el Consejo de Ministros del Gobierno fue el que anunció el inicio del proceso de expropiación, debe ser el mismo órgano el que justifique por qué no derriba el hotel situado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata y a 14 metros de la ribera del mar.

"Que el Consejo de Ministros no acordara paralizar el proceso de recuperación de los terrenos públicos y que lo hiciera el Delegado del Gobierno en Andalucía es la mejor prueba de que no hay suficientes argumentos para justificar que la playa de El Algarrobico no es de utilidad pública", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña Costas de Greenpeace.

El Consejo de Ministros expresó en 2007 que "la construcción de un edificio hotelero de las dimensiones del que se pretende construir supone un indudable perjuicio para la integridad física y paisajística del tramo de litoral dado el gran interés ambiental y paisajístico de la zona". En la Resolución del Delegado del Gobierno por la que se abandona la expropiación ni se fundamenta ni se hace mención alguna a que hayan desaparecido estas causas.

Esta denuncia se suma a la larga lista de procesos judiciales en torno al hotel. Hasta el momento se han conseguido más de media docena de sentencias que acreditan la ilegalidad del inmueble construido en la playa El Algarrobico.

"Si el Ministerio y la Junta de Andalucía tuvieran un mínimo interés por la protección de la costa, deberían apoyarse en las sentencias contrarias al hotel para justificar un nulo o bajo justiprecio de la expropiación", ha añadido Marcos.

Fuente: Greenpeace

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España - Las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal muestran su rechazo a cualquier cementerio nuclear hasta que no haya un calendario de cierre progresivo pero urgente del parque nuclear español.

El cementerio nuclear o Almacén Temporal Centralizado (ATC) es una solución temporal para gestionar los residuos radiactivos de alta actividad, producidos por las centrales nucleares. Son residuos peligrosos durante cientos de miles de años. Pero el ATC sólo funcionará teóricamente durante 60 años y luego nadie sabe lo que ocurrirá con esos residuos. No hay ninguna garantía de que vayan a estar disponibles sistemas de gestión viables y aceptables. Todas las opciones de gestión de los residuos radiactivos de alta actividad propuestas por la industria nuclear plantean serios inconvenientes. La eliminación segura y no contaminante de los residuos radiactivos sigue siendo un ideal inalcanzable. Como no existe ninguna solución definitiva para los residuos nucleares de alta actividad, lo único que podemos hacer es tratar de gestionar los que, irresponsablemente, ha generado la industria nuclear en sus centrales.

Toda gestión responsable de estos residuos pasa necesariamente por detener su producción, con un calendario de cierre, progresivo pero urgente, de las centrales nucleares. Es necesario recordar que el cierre progresivo de las centrales nucleares y su sustitución por energías renovables es un compromiso programático del PSOE y del Gobierno que preside Jose Luis Rodriguez Zapatero. Las medidas de gestión de los residuos nucleares que no impliquen detener cuanto antes su producción, representan un engaño a la ciudadanía, ya que cada nuevo miligramo de residuo nuclear de alta actividad aumenta el problema y la carga letal de la herencia que dejamos a las generaciones futuras.

El cierre de las centrales nucleares es clave para poder implementar a gran escala las energías renovables en nuestro sistema eléctrico. Cada vez con más frecuencia, como se ha podido comprobar en los últimos días, cientos de megavatios eólicos se desperdician por culpa de las centrales nucleares, ya que la rigidez técnica de éstas impide el aprovechamiento pleno de las renovables disponibles. Así, a pesar de que las renovables han batido sus récord de producción en los últimos meses, no toda la energía limpia que están proporcionando estos días se ha podido aprovechar, ya que la falta de flexibilidad de las centrales nucleares para modular su producción según varía la demanda de electricidad ha obligado a Red Eléctrica de España (REE) a ordenar la parada de cientos de molinos eólicos que estaban funcionando perfectamente.

La energía nuclear es actualmente el mayor obstáculo para el aprovechamiento de la energía renovable que ya está disponible. Es urgente adelantar el calendario de cierre de las centrales nucleares para poder aprovechar plenamente las renovables. Son las renovables las que ahorran CO2 al sustituir a las centrales térmicas, algo que las nucleares no pueden hacer debido a su rigidez.

En lo referente a la energía nuclear, la seguridad absoluta no existe y es posible que se produzca un accidente en la manipulación de los residuos. En el ATC se guardarán tres tipos de residuos: los residuos radiactivos de las centrales nucleares; el combustible gastado vitrificado de Vandellós-1 (Tarragona); y el grafito radiactivo de Vandellós-1, que no se sabe qué destino darle. En total más de 7.000 toneladas de sustancias muy radiactivas y peligrosas.

La puesta en marcha del ATC supondrá un incremento de los riesgos ligados a la energía nuclear. La instalación es un posible blanco de atentados, sabotajes y robos. Se dice que está a prueba de terremotos, pero también lo estaba la central de Kashiwazaki, en Japón, que sufrió una fuga radiactiva de unos 1.400 litros en julio de 2007, tras producirse justamente un terremoto. También se dice que soportaría el choque de un avión de caza, pero nada se dice de algo más preocupante: ¿soportaría el choque de un avión de pasajeros?

El traslado de los residuos desde cada central nuclear hasta el cementerio constituye otro factor de riesgo, exponiéndonos a escapes radiactivos en caso de accidente. Los contenedores de transporte tienen serias deficiencias en cuanto a su resistencia a choques y al fuego.

Además, si se instala un centro tecnológico y de investigación en residuos radiactivos, este centro llevará incluido, probablemente, un reactor nuclear, con el peligro añadido que esto supone.

El único argumento que tiene el Gobierno para convencer a un ayuntamiento de aceptar el ATC en su territorio es la compra de voluntades. Los beneficios para el pueblo serán de 6 millones de euros al año (durante un tiempo sin determinar) además del impuesto sobre la licencia de obras: entre el 2 y el 4 % del total de 700 millones que cuesta la instalación.

Pero el ATC espantará a todas las actividades económicas que generarían un verdadero desarrollo, como la agricultura, la ganadería, el turismo rural, los productos de calidad que dan lugar a denominaciones de origen, la pequeña y mediana empresa? Ya se está demostrando este fenómeno en el entorno de las centrales nucleares y de El Cabril. . Así, las organizaciones ecologistas aclaran que el ATC no traerá riqueza real al pueblo. Tras el cierre del cementerio nuclear, en el pueblo no quedará nada, ninguna actividad económica.

Los municipios amenazados con la construcción del cementerio -Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Congosto de Valdivia (Palencia), Melgar de Arriba y Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia (Soria), Villar de Cañas (Cuenca), Yebra (Guadalajara) y Zarra (Valencia)- han sido ofrecidos por sus alcaldes, sin contar con la opinión del vecindario, ni de quienes pueblan los municipios vecinos, ni de las instituciones de sus Comunidades Autónomas.

Por todo ello, las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal piden la paralización del proceso emprendido por el Ministerio de Industria y apoyan todas las movilizaciones que están teniendo lugar contra los proyectos de emplazamiento en marcha.

Fuente: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

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