Honduras - Organizaciones de consumidores de Latinoamericana y del Caribe, agrupadas en Consumers International, expresan su solidaridad con el Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño (CODECOH), tras los actos de hostigamiento que sufre por parte del gobierno golpista. Recientemente, dos de sus integrantes: Mario Enrique Molina y Leonidas Vásquez fueron detenidos acusados de sedición, abriéndose procesos penales contra ellos y puestos bajo libertad condicional.

"El CODECOH lleva más de 15 años de actividad en Honduras y se destacó por oponerse a la alza desmedida de precios en una serie de productos y servicios tras el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Manuel Zelaya. Las empresas responsables de esos aumentos son las mismas que apoyaron el golpe militar y al que ahora sirve el gobierno usurpador reprimiendo a los miembros del CODECOH", señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Las organizaciones de consumidores están llamando a sus gobiernos a endurecer las sanciones contra el gobierno golpista que está violando los derechos fundamentales de la ciudadanía hondureña.

"La defensa de los derechos humanos es una causa inherente a nuestra lucha por la promoción y protección de los derechos de los consumidores y consumidoras. Exigimos un alto a los actos de hostigamiento contra el CODECOH y las organizaciones civiles, así como contra los ciudadanos en general, demandamos el retorno de la democracia a Honduras", señaló Alejandro Calvillo Unna, director de EPC.

Las organizaciones de consumidores difundieron la lista de empresarios que apoyaron la toma del poder por el grupo golpista en Honduras, que se reproduce en Anexo adjunto, en la que se observa como unas cuantas familias controlan gran parte de la economía hondureña. Estas empresas son las mismas que se opusieron a que el gobierno democrático hondureño realizara mejoras a las condiciones de los trabajadores.

Fuente: El Poder del Consumidro A.C.

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Honduras - La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), expresa su preocupación por el clima de censura y represión contra la prensa nacional e internacional en Honduras y se solidariza con quienes las han padecido, tras los acontecimientos políticos de los últimos días.

El Comité Directivo de la Fundalex recuerda la necesidad de mantener el respeto a las garantías individuales, entre ellas la de la libertad de expresión, pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía en cualquier parte del mundo.

La Fundalex reprueba el 'black out' mediático mediante el cual se dejó a la población hondureña en la indefensión informativa por la suspensión o cierre de la mayoría de los medios audiovisuales hondureños e internacionales.

Dentro de territorio hondureño la censura alcanzó entre otras a Radio Progreso, una emisora perteneciente a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), cuya señal fue suspendida de inmediato.

Otros medios independientes fueron clausurados, mientras algunos transmiten música tropical, novelas y programas gastronómicos, con un claro ocultamiento a lo ocurrido.

Los operadores de cable fueron instruidos a dejar de transmitir la información de las televisoras internacionales Telesur, Cubavisión Internacional y CNN Español, además de las frecuencias de Radio Globo y otras varias emisoras.

De igual forma, el lunes los militares detuvieron brevemente a siete corresponsales extranjeros, quienes cubrían los hechos posteriores a la destitución del presidente Manuel Zelaya.

La Fundalex se solidariza con el pueblo hondureño porque con la libertad de expresión y el derecho a la información canceladas, se crea un clima de inseguridad que pone en riesgo a los hombres y mujeres a favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

La Fundalex se une a las organizaciones internacionales que exigen respeto a la libertad de prensa y de expresión en aquel país, entre otras la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas, la ONG Reporteros Sin Fronteras, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Agencia Difunet

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México - En respuesta a la convocatoria de la Campaña Nacional Sin maíz no hay país y bajo el lema de “Alimentos campesinos para México. El hambre no espera”, nos reunimos alrededor de 600 delegadas y delegados, procedentes de 15 entidades federales y de los países hermanos de Guatemala y Honduras. Celebramos la Asamblea Nacional por la Soberanía Alimentaria, los días 30 y 31 de octubre de 2008, en el Centro de Convenciones de Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en la ciudad de México.

Nuestra Asamblea se desarrolló en un marco de pluralidad, inclusión, deliberación, entusiasmo y combatividad de una gran diversidad de organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres, de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, de promoción social, de comercio justo; radios comunitarias y varias asociaciones de profesionistas de la nutrición, la agronomía y de la agroecología, estudiantes, así como académicos, investigadores, intelectuales, artistas, amas de casa, radioparticipantes y ciudadanos.

Nuestro objetivo central fue profundizar una mayor y mejor articulación plural e incluyente de los movimientos sociales comprometidos con la soberanía alimentaria y construir una agenda común y un plan de acción para enfrentar la crisis agroalimentaria.

Afirmamos que es ineludible encarar los aspectos más lacerantes y urgentes de la crisis alimentaria, pero sobre todo, que es nuestra oportunidad y obligación luchar para enfrentar sus causas estructurales y pugnar por el establecimiento de nuevo modelo agroalimentario sustentable y de una nueva política de Estado en materia de agricultura, alimentación, nutrición, comercio y manejo de los recursos naturales.

Reconocemos que la salida a la crisis alimentaria y el establecimiento de un nuevo modelo agroalimentario sólo será posible a partir de los siguientes principios:

i) Soberanía alimentaria;
ii) Derecho a la alimentación;
iii) Revalorización de la producción campesina de alimentos y del papel de las mujeres en la soberanía alimentaria y nutricional;
iv) Defensa de la propiedad social de la tierra y del patrimonio territorial indígena y campesino;
v) Agricultura sustentable y manejo comunitario de los recursos naturales;
ix) Protección de nuestro patrimonio cultural intangible y de nuestros recursos biológicos y genéticos;
vi) Prohibición a la siembra de maíz transgénico;
vii) Prohibición al uso de alimentos para biocombustibles;
viii) Políticas públicas alternativas y un Estado responsable;
ix) Lucha contra los monopolios agroalimentarios y la publicidad engañosa de los alimentos.

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