España - Por un lado, sólo Portugal, Chipre y Grecia acumulan tanto retraso en la aplicación de la directiva del agua y, por otro, faltan medidas eficaces contra la contaminación química.

En la víspera del Día Mundial del Agua, que este año se celebra con el lema "Agua limpia para un mundo sano", España aún tiene como asignatura pendiente la protección de sus recursos hídricos frente a la contaminación. Una de las principales medidas que se tienen que llevar a cabo es la aplicación de la Directiva Marco de Aguas, entre cuyos objetivos se encuentran la caracterización de la contaminación en Europa, así como la eliminación progresiva de las sustancias prioritarias y peligrosas.

La Directiva Marco del Aguas fijaba finales de 2009 como la fecha límite para que los Estados miembro presentasen los Planes de Cuenca Hidrográfica en los que se presentaba un análisis de la situación y se establecían las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad europeos. Sin embargo, España se encuentra muy alejada de este plazo, puesto que sólo 2 de sus 24 demarcaciones hidrográficas (Cuencas Internas de Cataluña y Baleares) han comenzado el proceso de consulta pública del borrador del plan, lo que tendría que haber comenzado a finales de 2008. Los únicos países que se encuentran más retrasados, puesto que ninguna de sus demarcaciones hidrográficas han comenzado el proceso de consulta pública los borradores de los planes, son Portugal, Grecia y Chipre.

"España va en el vagón de cola de la Unión Europea en la protección de sus aguas. En un país donde el agua dulce es un bien escaso, se necesita un esfuerzo mayor de las administraciones para asegurar una gestión racional", ha declarado Sara del Río, responsable de la campaña contra la Contaminación de Greenpeace.

Respecto a la contaminación química, Greenpeace ha detectado que la información entre las diferentes demarcaciones es muy dispar, además de que no se gestiona de forma integral la información que surge de la aplicación de directivas referentes a los vertidos industriales. Esta situación impide que se realice un análisis completo del problema para establecer medidas eficaces y homogéneas que combatan la contaminación química.

"La contaminación química de las aguas es una de las agresiones menos atendidas, a pesar de que un 73% de los españoles, según el Eurobarómetro, la percibe como una de las principales amenazas y que varias leyes europeas pretenden darle solución", ha concluido Del Río.

Fuente: Greenpeace

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Buenos Aires, Argentina - Unos diez millones de teléfonos móviles serán descartados durante 2010 en Argentina, y se estima que al menos un 30 por ciento de estos aparatos serán depositados junto con los residuos domiciliarios en rellenos sanitarios o basurales. Los peligros para la salud y el medio ambiente.

La organización ambientalista Greenpeace advirtió sobre la contaminación que generan los teléfonos móviles una vez terminada su vida útil y denunció que el acelerado incremento en el recambio y descarte de celulares no está acompañado de una infraestructura especial de reciclado y recuperación de los materiales tóxicos y contaminantes que contienen los equipos.

De acuerdo al informe "El lado tóxico de la telefonía móvil", el descarte de teléfonos aumentó 4 veces en los últimos 5 años. El incremento en el consumo, la escasa vida útil de los productos, estimada en menos de 3 años, y las altas cifras de descarte conviven con un reducido circuito de reciclado. Hoy se recicla menos del 6% del total de los residuos provenientes del sector de tecnología.

El documento consigna que la cantidad de celulares enviados a rellenos y basurales podría ser mucho mayor debido a que existen 16 millones de líneas en desuso, a los que se suma que un alto porcentaje de los aparatos en uso podría ser renovado por los nuevos servicios que brinda la telefonía celular.

"Los teléfonos móviles son, junto con las computadoras de escritorio, televisores, pilas y baterías, la porción de los residuos sólidos urbanos que está creciendo más rápidamente, y se espera una ola de descarte sea mayor en los próximos años. El riesgo de estos residuos radica en sus componentes tóxicos. Además, enterrarlos o incinerarlos representa un despilfarro de materiales como oro, plata, cobre y plásticos que pueden ser recuperados y reintroducidos en el circuito productivo", señaló Yanina Rullo, integrante de la Campaña de Basura Electrónica de Greenpeace.

Los celulares contienen metales pesados y sustancias químicas como mercurio, cadmio, cromo hexavalente, PVC y retardantes de fuego bromados, entre otros, que son tóxicos y contaminan el medio ambiente, y afectan la salud de las personas, especialmente de los recuperadores informales que los manipulan sin la tecnología adecuada. Uno de los elementos de los celulares con mayor potencial de contaminación son las baterías.

Los químicos tóxicos de los productos electrónicos pueden filtrarse al suelo o ser liberados a la atmósfera con el paso del tiempo, y producir impactos en las comunidades vecinas y en el ambiente. En varios países del mundo ya se han aprobado regulaciones que prohíben la disposición de residuos electrónicos en rellenos debido a sus compuestos peligrosos.

"Desde Greenpeace insistimos en la necesidad de una ley nacional de gestión de este tipo de residuos, para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje y recuperación de materiales, que establezca la responsabilidad legal y financiera del productor, que prohíba la presencia de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos y que asegure una mayor durabilidad de los productos", señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.

La Argentina tiene un nivel de penetración de la telefonía celular semejante a los países desarrollados y 2 de cada 3 habitantes afirmó que cambiará su aparato en los próximos seis meses.

En el año 2008 fue presentada en la Comisión de Ambiente del Senado Nacional la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, pero a pesar del problema creciente que representa el tratamiento de este tipo de residuos, el proyecto no ha sido debatido ni aprobado todavía.

"En la Argentina no existe prácticamente ninguna infraestructura formal para hacer frente a la basura electrónica y gestionar este tipo de residuos. Cuanto más se retrase la implementación de políticas que promuevan la responsabilidad del productor para estos desechos, mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados y mayores los costos de reparación ambiental", señaló Testa. "Los productores deben hacerse cargo financieramente de los aparatos que colocan en el mercado, desde la fabricación hasta el final de su vida útil cuando son descartados como residuos", concluyó.

Fuente: Greenpeace

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NOTAS:

(1) Informe "El lado tóxico de la telefonía móvil" disponible en:
http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/contaminaci-n/basta-de-basura/un-nuevo-flujo-de-residuos-pel/basura-electronica-el-lado-toxico-de-la-telefonia-movil.pdf

Bariloche, Patagonia Andina - El tratamiento de los residuos patógenos (producidos por hospitales, clínicas y consultorios odontológicos) volverían a ser tratados en la ciudad con la reparación del horno pirolítico y el traslado de un autoclave que Bariloche compró 6 años atrás en El Bolsón y nunca retiró.

Pablo De Brito, subsecretario de Medio Ambiente, confirmó a ADN que elevó al área de Economía su propuesta de reactivar el tratamiento de patógenos en la ciudad, los que actualmente son recolectados de manera diferencial y enviados a General Roca, donde son tratados por una empresa privada.

Esa tercerización es "deficitaria" para el Municipio local, según indicó el funcionario, quien explicó que actualmente "con la recaudación por los patógenos no se alcanza a cubrir el pago de la empresa roquense".

Las clínicas y consultorios odontológicos abonan al Municipio 35 pesos por kilo de residuos patógenos generado y muchos mantienen deudas elevadas por ese servicio, a lo que se suman los problemas por los reiterados hallazgos de este tipo de residuos en el vertedero local.

La propuesta de reactivar el tratamiento de los patógenos en la propia ciudad requiere de la reparación de un horno pirolítico que funcionaba en el barrio San Francisco IV (cuya estado de funcionamiento derivó en quejas de vecinos y la prohibición de su uso) y el traslado del autoclave desde El Bolsón, además del acondicionamiento de un espacio único donde instalar ambas maquinarias.

El autoclave adquirido a un fabricante de El Bolsón fue solventado con un ATN de 90.000 pesos, permanece allí desde hace 6 años, por diversos motivos Bariloche nunca lo fue a buscar.

De Brito explicó que cuenta con el compromiso del secretario de Economía, Federico Lutz, quien se comprometió a disponer de un fondo para poner en funcionamiento el sistema y pidió la elaboración de un presupuesto.

"Tenemos que tomar la concepción de que la ciudad que genera los residuos resuelva su problema dentro de su jurisdicción", dijo el funcionario.

El tratamiento de los residuos patógenos en el horno pirolítico es polémico porque la Carta Orgánica Municipal expresa en su artículo 181 inciso 9 la “prohibición de la quema e incineración a cielo abierto de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos y sustancias combustibles en los vertederos ubicados dentro del ejido municipal”.

El titular de Medio Ambiente relativizó este impedimento y apuntó a que la normativa carecería de validez “si se realiza una acción controlada y con elementos apropiados, que no contaminan, porque bien utilizado lo que emana el horno es similar a vapor de agua”.

El horno pirolítico está situado en el barrio San Francisco IV y dejó de ser utilizado tiempo atrás ante los reclamos y denuncias de vecinos por el efecto en el medio ambiente y en el barrio.

Fuente: ADN

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