Buenos Aires, Argentina - Unos diez millones de teléfonos móviles serán descartados durante 2010 en Argentina, y se estima que al menos un 30 por ciento de estos aparatos serán depositados junto con los residuos domiciliarios en rellenos sanitarios o basurales. Los peligros para la salud y el medio ambiente.

La organización ambientalista Greenpeace advirtió sobre la contaminación que generan los teléfonos móviles una vez terminada su vida útil y denunció que el acelerado incremento en el recambio y descarte de celulares no está acompañado de una infraestructura especial de reciclado y recuperación de los materiales tóxicos y contaminantes que contienen los equipos.

De acuerdo al informe "El lado tóxico de la telefonía móvil", el descarte de teléfonos aumentó 4 veces en los últimos 5 años. El incremento en el consumo, la escasa vida útil de los productos, estimada en menos de 3 años, y las altas cifras de descarte conviven con un reducido circuito de reciclado. Hoy se recicla menos del 6% del total de los residuos provenientes del sector de tecnología.

El documento consigna que la cantidad de celulares enviados a rellenos y basurales podría ser mucho mayor debido a que existen 16 millones de líneas en desuso, a los que se suma que un alto porcentaje de los aparatos en uso podría ser renovado por los nuevos servicios que brinda la telefonía celular.

"Los teléfonos móviles son, junto con las computadoras de escritorio, televisores, pilas y baterías, la porción de los residuos sólidos urbanos que está creciendo más rápidamente, y se espera una ola de descarte sea mayor en los próximos años. El riesgo de estos residuos radica en sus componentes tóxicos. Además, enterrarlos o incinerarlos representa un despilfarro de materiales como oro, plata, cobre y plásticos que pueden ser recuperados y reintroducidos en el circuito productivo", señaló Yanina Rullo, integrante de la Campaña de Basura Electrónica de Greenpeace.

Los celulares contienen metales pesados y sustancias químicas como mercurio, cadmio, cromo hexavalente, PVC y retardantes de fuego bromados, entre otros, que son tóxicos y contaminan el medio ambiente, y afectan la salud de las personas, especialmente de los recuperadores informales que los manipulan sin la tecnología adecuada. Uno de los elementos de los celulares con mayor potencial de contaminación son las baterías.

Los químicos tóxicos de los productos electrónicos pueden filtrarse al suelo o ser liberados a la atmósfera con el paso del tiempo, y producir impactos en las comunidades vecinas y en el ambiente. En varios países del mundo ya se han aprobado regulaciones que prohíben la disposición de residuos electrónicos en rellenos debido a sus compuestos peligrosos.

"Desde Greenpeace insistimos en la necesidad de una ley nacional de gestión de este tipo de residuos, para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje y recuperación de materiales, que establezca la responsabilidad legal y financiera del productor, que prohíba la presencia de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos y que asegure una mayor durabilidad de los productos", señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.

La Argentina tiene un nivel de penetración de la telefonía celular semejante a los países desarrollados y 2 de cada 3 habitantes afirmó que cambiará su aparato en los próximos seis meses.

En el año 2008 fue presentada en la Comisión de Ambiente del Senado Nacional la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, pero a pesar del problema creciente que representa el tratamiento de este tipo de residuos, el proyecto no ha sido debatido ni aprobado todavía.

"En la Argentina no existe prácticamente ninguna infraestructura formal para hacer frente a la basura electrónica y gestionar este tipo de residuos. Cuanto más se retrase la implementación de políticas que promuevan la responsabilidad del productor para estos desechos, mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados y mayores los costos de reparación ambiental", señaló Testa. "Los productores deben hacerse cargo financieramente de los aparatos que colocan en el mercado, desde la fabricación hasta el final de su vida útil cuando son descartados como residuos", concluyó.

Fuente: Greenpeace

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NOTAS:

(1) Informe "El lado tóxico de la telefonía móvil" disponible en:
http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/contaminaci-n/basta-de-basura/un-nuevo-flujo-de-residuos-pel/basura-electronica-el-lado-toxico-de-la-telefonia-movil.pdf

Bariloche, Patagonia Andina - El tratamiento de los residuos patógenos (producidos por hospitales, clínicas y consultorios odontológicos) volverían a ser tratados en la ciudad con la reparación del horno pirolítico y el traslado de un autoclave que Bariloche compró 6 años atrás en El Bolsón y nunca retiró.

Pablo De Brito, subsecretario de Medio Ambiente, confirmó a ADN que elevó al área de Economía su propuesta de reactivar el tratamiento de patógenos en la ciudad, los que actualmente son recolectados de manera diferencial y enviados a General Roca, donde son tratados por una empresa privada.

Esa tercerización es "deficitaria" para el Municipio local, según indicó el funcionario, quien explicó que actualmente "con la recaudación por los patógenos no se alcanza a cubrir el pago de la empresa roquense".

Las clínicas y consultorios odontológicos abonan al Municipio 35 pesos por kilo de residuos patógenos generado y muchos mantienen deudas elevadas por ese servicio, a lo que se suman los problemas por los reiterados hallazgos de este tipo de residuos en el vertedero local.

La propuesta de reactivar el tratamiento de los patógenos en la propia ciudad requiere de la reparación de un horno pirolítico que funcionaba en el barrio San Francisco IV (cuya estado de funcionamiento derivó en quejas de vecinos y la prohibición de su uso) y el traslado del autoclave desde El Bolsón, además del acondicionamiento de un espacio único donde instalar ambas maquinarias.

El autoclave adquirido a un fabricante de El Bolsón fue solventado con un ATN de 90.000 pesos, permanece allí desde hace 6 años, por diversos motivos Bariloche nunca lo fue a buscar.

De Brito explicó que cuenta con el compromiso del secretario de Economía, Federico Lutz, quien se comprometió a disponer de un fondo para poner en funcionamiento el sistema y pidió la elaboración de un presupuesto.

"Tenemos que tomar la concepción de que la ciudad que genera los residuos resuelva su problema dentro de su jurisdicción", dijo el funcionario.

El tratamiento de los residuos patógenos en el horno pirolítico es polémico porque la Carta Orgánica Municipal expresa en su artículo 181 inciso 9 la “prohibición de la quema e incineración a cielo abierto de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos y sustancias combustibles en los vertederos ubicados dentro del ejido municipal”.

El titular de Medio Ambiente relativizó este impedimento y apuntó a que la normativa carecería de validez “si se realiza una acción controlada y con elementos apropiados, que no contaminan, porque bien utilizado lo que emana el horno es similar a vapor de agua”.

El horno pirolítico está situado en el barrio San Francisco IV y dejó de ser utilizado tiempo atrás ante los reclamos y denuncias de vecinos por el efecto en el medio ambiente y en el barrio.

Fuente: ADN

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España - Organizaciones ecologistas denuncian que el ministro de Industria de España, Miguel Sebastián, ha decidido poner en marcha el proceso de construcción del cementerio nuclear centralizado de residuos de alta actividad, prescindiendo de buscar y lograr el consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, el consenso territorial y el consenso político que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estableció como fundamentales para poder avanzar en esta cuestión.

ONGs ambientalistas manifiestan su rotunda oposición a la construcción de un cementerio nuclear centralizado, sea cual sea su denominación (Almacén Temporal Centralizado, u otras) y tipo de residuos radiactivos que fuera a albergar.

Según han afirmado las organizaciones ecologistas, durante una rueda de prensa celebrada hoy en Barcelona, la estrategia del ministro Sebastián es tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir que algún municipio se ofrezca candidato a albergar el cementerio nuclear, sin importar si ese consistorio ha tenido en cuenta la opinión de la población de ese municipio, la de los pueblos de su entorno y la de su comunidad autónoma. Asimismo, estos grupos critican la postura pronuclear de Miguel Sebastián que, promoviendo el almacén, trata de tener un pretexto para alargar la vida de las centrales nucleares, lo que aumenta el riesgo de accidente en unas instalaciones ya muy envejecidas y deterioradas.

Un problema de tal magnitud tanto social, ambiental o económica, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Tanquem Les Nuclears consideran que no se puede resolver sin un previo consenso social y político. Para que ese consenso se logre deben estar incluidos todos los agentes interesados, incluidas las organizaciones ecologistas.

Las organizaciones recuerda que fue el presidente del Gobierno quien reconoció públicamente la necesidad de lograr un amplio y previo consenso social sobre la gestión de los residuos radiactivos para poder avanzar en su solución. Así, en el Debate del Estado de la Nación del 30 de mayo de 2006 dijo: "Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente,que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado".

"Sebastián maneja un concepto muy laxo y subjetivo de democracia cuando manifiesta que la opinión de una comunidad autónoma no es importante, cuando ésta se opone a su proyecto de cementerio nuclear, pero sí le parece suficiente que sea el consistorio de un pueblo el que decida dónde albergar una instalación tan peligrosa para la salud pública y el medio ambiente como es el almacén de todos los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas" , ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Nuclear de Greenpeace.

Antecedentes en los planes de ENRESA

De hecho, la falta de acuerdo con los grupos ecologistas y los representantes de la sociedad civil, ha sido la causa de que hayan fracasado, tras provocar una inmensa contestación social, todos los intentos anteriores de ENRESA de construir un cementerio nuclear. La primera ocasión fue el proyecto IPES (Instalación Piloto Experimental Subterránea) en Aldeadávila de la Rivera (Salamanca), a finales de los 80; seguido por el proyecto de un ATC en Trillo (Guadalajara), en 1989; o el proyecto El Berrocal, en Toledo, en 1992.

Posteriormente, el proyecto de búsqueda de emplazamientos de ENRESA, ya en su fase AFA (lugares de Alta Favorabilidad), suscitó manifestaciones multitudinarias en todos los lugares designados como candidatos: en Los Pedroches (Córdoba), Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), Sayago (Zamora), Burgos, etc., que obligaron al Gobierno central en 1999 a suspender indefinidamente ese proyecto.

El proyecto del ATC que ahora promueve el ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue iniciado en 2006 por su predecesor en el cargo, José Montilla, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, y desde entonces se encontró con rotundos rechazos. Uno de ellos fue el conflicto que se creó ese mismo año en Castilla y León cuando el alcalde del pueblo de Peque (Zamora), sin consultar a sus vecinos, ofreció su municipio como candidato para el ATC. Ante la enorme presión social suscitada, retiró su ofrecimiento.

Rechazo político

Desde entonces diversos parlamentos autonómicos (el parlamento catalán, las Cortes valencianas, la Asamblea de Extremadura, el parlamento gallego, el aragonés?), diversos presidentes autonómicos (el de Castilla y León, el de Castilla-La Mancha, Andalucía?), y numerosas diputaciones provinciales, consejos comarcales y ayuntamientos han mostrado un rotundo rechazo al ATC.

En Cataluña, el Parlamento (en marzo de 2008), así como 61 ayuntamientos y 7 Consejos Comarcales de Terres de l?Ebre y el Camp de Tarragona se han manifestado en contra de la instalación en Cataluña del cementerio nuclear. En cumplimiento del mandato del Parlament, el Conseller d?Economia i Finances de la Generalitat envió una carta al Ministerio de Industria demandando que el cementerio nuclear no se instalase en Cataluña.

Debido a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años, y su elevado potencial radiotóxico, la mera existencia de los residuos radiactivos de alta actividad (RR.AA.) supone un grave problema ambiental, económico y de salud pública, que la industria nuclear no ha sabido resolver durante sus 50 años de existencia. Tendrán que pasar 482.000 años para que el plutonio-239 que se encuentra en los RR.AA. deje de ser radiactivo, 34.000 años para el radio-226, 112.000 años en el caso del carbono-14, etc.

La generación de residuos radiactivos de alta actividad es un hecho técnicamente inevitable que está unido a la tecnología de fisión nuclear; es decir, que las centrales nucleares son las productoras de estos residuos. La gestión de estos residuos es hoy en día un problema no resuelto en ningún país del mundo ante el que ha quedado demostrado que no existe, ni ahora ni en el futuro previsible, ninguna forma de gestión definitiva satisfactoria desde el punto de vista técnico.

Centro Tecnológico Asociado

Asimismo, las ONGs manifiestan su rechazo al denominado "Centro Tecnológico Asociado" al ATC, una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación. Implicaría tener que construir y albergar un reactor nuclear transmutador, instalaciones para el reprocesamiento y elaboración de elementos combustibles nucleares para ese reactor, con los riesgos de accidentes nucleares y escapes de radiactividad inherentes a su funcionamiento.

A estos riesgos hay que sumar los derivados de la presencia, manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior de la instalación ATC, así como los previos de los transportes de esos residuos radiactivos desde las centrales nucleares al ATC.

Fuente: Greenpeace, Ecologistas en Acción, plataforma Tanquem les Nuclears.

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