Madrid, España - La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio muestra un menosprecio manifiesto por la protección de la flora y fauna silvestres en la Comunidad de Madrid, ya que sólo el 3,8 % del presupuesto de 2010 se dedica realmente a ese fin, mientras que el 66% se destina a caza y pesca y el 28% a medidas para mitigar los daños ambientales causados por la autovía M-501.

El progresivo deterioro de los ecosistemas naturales y la desaparición de especies es uno de los tres grandes problemas ambientales a escala global. Para llamar la atención sobre este problema, Naciones Unidas declaró el 2010 Año Internacional de la Biodiversidad. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, desde que desapareció la Consejería de Medio Ambiente, al fusionarla con urbanismo (2004) y más recientemente con vivienda (2008), el esfuerzo por la protección de las especies y sus hábitat ha caído en picado.

Este desdén se visualiza en la partida presupuestaria, de 2010, dedicada supuestamente a protección de flora y fauna. De un total de 2.260.000 euros de inversión, casi un millón de euros se destinan a caza y pesca. En concreto 519.000 euros a caza y 464.090 euros a pesca, incluyendo en esta última, 224.000 euros, para repoblaciones en ríos y embalses con trucha arcoiris. Se trata de una especie alóctona de origen norteamericano que está poniendo en riesgo la supervivencia de la trucha común, una especie autóctona y desparecida en muchos tramos de ríos, y arroyos en la región.

Del resto del presupuesto, 720.000 euros son medidas compensatorias y de integración de la autovía M-501. Buena parte de este dinero se destina a mitigar el daño ambiental causado por el desdoblamiento de esta carretera. Esas partidas no deberían correr a cargo de la Consejería de Medio Ambiente y, así se afirmó en su momento, si no de la de Transportes e Infraestructuras.

Otras cantidades se dedican a los trabajos que se están realizando con la cabra montés, en La Pedriza, para permitir la caza de esta especie, recientemente autorizada por la Dirección General de Medio Ambiente, etc

Sólo 86.000 euros, un 3,8% del total de 2.260.000, se destinan a la protección de especies amenazadas, en concreto al águila imperial, al halcón peregrino y al buitre negro. Ni un solo euro para la conservación de flora o de especies animales catalogadas por la propia Comunidad de Madrid como “En Peligro de Extinción” como el águila perdicera (con tan solo tres parejas en la Comunidad de Madrid), la cigüeña negra, el galápago europeo o el lince ibérico, la bestia negra del gobierno regional, todos ellos amenazados a nivel mundial.

Mientras la escasez presupuestaria pone en riesgo la conservación de muchas especies, cuantiosas partidas del presupuesto de conservación de fauna se destinan a favorecer otros intereses, como la dotación de 100.000 euros, el doble de lo destinado al águila imperial, a una escuela de pesca en Santa María de la Alameda, cuya alcaldesa Begoña García Martín es Diputada por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid.

Fuente: Ecologistas en Acción

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España - Todos los procesos de protección de la costa han sido abandonados por la Dirección General de Costas desde hace dos años. Demandan a las administraciones que cumplan con sus obligaciones y protejan la costa española.

Greenpeace ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Granada contra el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por el abandono de la expropiación de los terrenos donde se asienta el hotel de El Algarrobico (Carboneras, Almería). De esta manera, la organización ecologista ha acudido una vez más a los tribunales para seguir demandando a las administraciones que cumplan con sus obligaciones y protejan la costa española.

A mediados de 2009 se conoció la noticia de que el Delegado de Gobierno en Andalucía había acordado el desistimiento del procedimiento expropiatorio de bienes inmuebles en el paraje de El Algarrobico. Con esta decisión, el Ministerio de Medio Ambiente abandonaba cualquier intención de acabar con el peor ejemplo de la degradación del litoral español y, además, lo hacía de forma fraudulenta, según Greenpeace.

Greenpeace fundamenta jurídicamente su denuncia en el hecho de que, si en febrero de 2007 el Consejo de Ministros del Gobierno fue el que anunció el inicio del proceso de expropiación, debe ser el mismo órgano el que justifique por qué no derriba el hotel situado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata y a 14 metros de la ribera del mar.

"Que el Consejo de Ministros no acordara paralizar el proceso de recuperación de los terrenos públicos y que lo hiciera el Delegado del Gobierno en Andalucía es la mejor prueba de que no hay suficientes argumentos para justificar que la playa de El Algarrobico no es de utilidad pública", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña Costas de Greenpeace.

El Consejo de Ministros expresó en 2007 que "la construcción de un edificio hotelero de las dimensiones del que se pretende construir supone un indudable perjuicio para la integridad física y paisajística del tramo de litoral dado el gran interés ambiental y paisajístico de la zona". En la Resolución del Delegado del Gobierno por la que se abandona la expropiación ni se fundamenta ni se hace mención alguna a que hayan desaparecido estas causas.

Esta denuncia se suma a la larga lista de procesos judiciales en torno al hotel. Hasta el momento se han conseguido más de media docena de sentencias que acreditan la ilegalidad del inmueble construido en la playa El Algarrobico.

"Si el Ministerio y la Junta de Andalucía tuvieran un mínimo interés por la protección de la costa, deberían apoyarse en las sentencias contrarias al hotel para justificar un nulo o bajo justiprecio de la expropiación", ha añadido Marcos.

Fuente: Greenpeace

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México - El pasado 4 de febrero la Gaceta Ecológica de SEMARNAT publicó la convocatoria para consulta pública del proyecto "Infraestructura Básica del predio CIP Escuinapa, Sinaloa" promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); en el que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó de manera fragmentada en modalidad particular, por solo 93.48 hectáreas, siendo que el proyecto consta de 2,600 hectáreas, con el fin de minimizar graves impactos socio-ambientales. Fonatur incurre en violación a la legislación ambiental, al presentar el proyecto de manera amañada, lo cual impediría a la autoridad realizar una evaluación real de los impactos al conjunto de los ecosistemas.

Siendo que los daños ambientales y sociales que las dimensiones de un Centro Integralmente Planeado (CIP) implicaría para la región –modelo de Fonatur que ha demostrado en casos como el CIP de Loreto Bay en Baja California Sur, el CIP en Litibú en Nayarit y por supuesto el CIP de Cancún Quintana Roo, que empeora las condiciones de vida de los pobladores y provoca un desarrollo polarizado, al impactar en los recursos naturales y ejercer una fuerte presión en el abastecimiento de servicios básicos como electricidad, transporte y agua potable.

El CIP Esquinapan es un modelo impulsado por Fonatur al sur de Sinaloa dentro de Marismas Nacionales, cuya construcción contendrá 44,200 cuartos de alojamiento, 4 campos de golf, 2 marinas, un malecón marítimo del palmar, paseo de los lagos interiores, ramblas comerciales y de entretenimiento, y otros servicios, según anunció el pasado 28 de febrero de 2008, el presidente Felipe Calderón durante la presentación del proyecto. En el caso que nos ocupa, la superficie turística a desarrollar es del doble de la de Cancún.

Fonatur incurre en violación a la legislación ambiental, al presentar el proyecto de manera amañada –a efecto de evaluar obras de infraestructura básica– por sólo el 3.5% de lo que en realidad el proyecto CIP considera; lo cual impediría a la autoridad realizar una evaluación real de los impactos al conjunto de los ecosistemas, conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; considerando que el proyecto debió haber sido presentado de manera regional por las 2,600 hectáreas, en virtud de la interacción con los diferentes componentes ambientales del humedal Marismas Nacionales que se verán afectados o destruidos por la construcción y operación del desarrollo inmobiliario turístico.

Es importante señalar que Marismas Nacionales es el humedal más grande de México y que está enlistado como Sitio Ramsar; su existencia está amenazada por la contaminación y modificación de su flujo hidrológico. Estos sitios son fuentes forestales y pesqueras, así como importantes ecosistemas de absorción de bióxido de carbono. En este contexto, CEMDA, AIDA y otras organizaciones presentaron una petición ante el Secretariado Ramsar, a efecto de que expidan, recomendaciones al gobierno federal para asumir los compromisos asumidos por nuestro país mediante la incorporación de Marismas Nacionales como sitio Ramsar.

Mientras que en México, el gobierno federal ha permitido continuamente la presentación de las MIAs de manera fragmentada sin sancionar a los desarrolladores que violan la legislación ambiental, como es el caso del libramiento vial Xalapa de 2004 entre muchos otros; la Corte Suprema Canadiense concluyó el pasado 27 de enero que el gobierno federal violó las normas aplicables al autorizar el proyecto de la mina “Red Chris” de manera fragmentada (un inmenso proyecto minero de oro y cobre a cielo abierto); y determinó que los grandes proyectos mineros están obligados a tener una evaluación de impacto ambiental comprehensiva, sin fragmentar el proyecto y que garantice la participación pública. La sentencia concluye que las autoridades canadienses al realizar la evaluación ambiental del proyecto lo fragmentaron ilegalmente, impidiendo así conocer el verdadero impacto ambiental de la obra.

La decisión de la Corte Suprema Canadiense es muy importante para México, puesto que establece en un precedente jurisprudencial fundamental al señala la importancia de evaluar el proyecto como un conjunto y no delega a la autoridad asumir hechos que no le constan en la MIA. Visto lo anterior, diversos países como Canadá delegan la obligación en el promovente a presentar la totalidad de las obras y actividades a desarrollar, y no deja en las autoridades la responsabilidad de "proyectarse" la propuesta, lo cual otorga certeza en la toma de decisiones en el ámbito ambiental, comentó Pablo Uribe representante del CEMDA, región Noroeste.

Fuente: Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

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