Unión Europea - Esta semana se ha cerrado el texto de la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) con un resultado muy decepcionante. El documento final no refleja ni la ambición ni la urgencia necesarias para poner fin a la pérdida de energía de los edificios europeos, responsables del 40% del consumo final de energía y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.

La EPBD ha sido presentada como un gran avance. De hecho, los nuevos edificios tendrán un consumo de energía cercano a cero bajo la nueva normativa, y esta energía deberá ser suministrada en gran parte mediante fuentes renovables. Sin embargo, el plazo fijado para cumplir este requisito se retrasa hasta 2021. Y, además, cabe recordar que las nuevas construcciones representan un porcentaje muy pequeño de todo el parque edificatorio (1% anual).

Los requisitos de la esta Directiva afectarán a todos las construcciones a partir de 2013, independientemente de su tamaño. Pero siguen sin contemplarse objetivos claros para que los Estados miembros renueven sus edificios en un plazo de tiempo determinado. Además, no se ha previsto financiación adicional para acelerar estas renovaciones, bien sea por parte de la UE o de los presupuestos nacionales.

"Desafortunadamente no hay ninguna disposición que garantice que los Estados miembros más rezagados vayan a mejorar sus normas de construcción. Como consecuencia, los ciudadanos seguirán gastando dinero calentando el clima en lugar de sus hogares", dice Arianna Vitali, Técnico de Políticas de Energía de WWF.

Fuente: WWF

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Unión Europea / México - A partir de este mes, la Unión Europea (UE) deja de comercializar entre sus países miembros los focos incandescentes o comunes, que son dispositivos ineficientes que desperdician 90% de la energía que consumen en calor y sólo aprovechan el 10% restante en dar luz. Esta medida forma parte de la estrategia de la UE para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% para el año 2020.

En cambio, México continúa consumiendo 270 millones de focos incandescentes anuales y no está ni siquiera en el camino de poner en marcha una regulación similar. La pasada legislatura no mostró interés en el tema y fue incapaz de aprobar una iniciativa de ley para prohibir la comercialización de los incandescentes antes del año 2012, a pesar de que ello representaría para México una reducción de emisiones de aproximadamente 4.5 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) y un ahorro de 7 terawatts hora (TWh) al 2012 (1).

"Los nuevos integrantes del poder legislativo tienen la obligación de prohibir cuanto antes la comercialización y producción de focos incandescentes, ya que es una de las medidas de mitigación del calentamiento global más efectivas y sencillas en el corto plazo. Nuestro país podría ahorrar más de 20% de energía con éstas y otras medidas de eficiencia energética, todo es cuestión de voluntad política", indicó Beatriz Olivera, integrante de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace.

Por más de una década, en México se han puesto en marcha programas voluntarios de sustitución de focos por lámparas ahorradoras en varias entidades del país pero los resultados han sido mínimos pues mientras no exista una legislación contundente que obligue a dejar de comercializar la vieja e ineficiente bombilla, tal como se ha hecho en otros países, ni la industria ni los comercios van a retirar estos productos del mercado por buena voluntad.

"El calentamiento global no puede esperar más y requiere acciones inmediatas y congruentes. Mientras el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), publicado el pasado 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación establece como meta la sustitución de 47.2 millones de lámparas incandescentes por otras de mayor eficiencia, en nuestro país se siguen vendiendo estos productos sin restricciones. Las mismas empresas fabricantes de estos focos que ya se ajustaron a los estándares europeos deberán hacerlo en nuestro país", finalizó Olivera.

La Comisión Europea calcula que al reemplazar los focos comunes por dispositivos más eficientes como las lámparas ahorradoras y los diodos emisores de luz (leds), para el año 2020 logrará un ahorro anual de alrededor de 40 TWh, una reducción de hasta 15 millones de toneladas de emisiones de bióxido de carbono (CO2) todos los años y se ahorrarán alrededor de cinco mil millones de euros, que se volverán a inyectar a la economía europea. (2)

La estrategia de la Unión Europea es dejar de comercializar las lámparas de luz incandescente de manera gradual, comenzando con las de potencia de 100 watts en septiembre de este año, en 2010 será el turno de las de 75 watts, el 2011 tocará a las de 60 y en 2012, las de 40 y 25 watts.

Gobiernos y fecha límite de comercialización de focos incandescentes

- Unión Europea: Sustitución gradual desde 2009 hasta 2012

- Argentina: 31 de diciembre de 2010

- Colombia: 1 de enero de 2011

- Nueva Zelanda: 2009

- Canadá: 2012

- Australia: Retiro progresivo hasta 2010

- Ecuador, Bolivia, Venezuela y Cuba: Planes de sustitución

A principios del 2009, Greenpeace promueve una iniciativa de ley para prohibir la comercialización y producción de focos incandescentes en todo el territorio nacional antes del año 2012 a través del sitio web. www.atiyaseteprendio.org.

Fuente: Greenpeace México

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España - Por primera vez en España se han analizado 233 espacios litorales protegidos. De ellos, 120 están acosados por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación.

Además, Greenpeace ha detectado 478 casos de corrupción urbanística, con 625 imputados, de los que más de la mitad son cargos públicos.
Greenpeace ha presentado hoy la novena edición del informe Destrucción a Toda Costa. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El informe pone de manifiesto que ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años. Más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.

Las cifras del informe constatan cómo el desarrollo inmobiliario ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles, acosando al poco territorio virgen que queda en el litoral. Estado y comunidades autónomas son responsables de un desarrollo urbanístico depredador, calificado por el Banco de España como "economía suicida". Los casos de corrupción urbanística siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las comunidades autónomas costeras. El informe también realiza un detallado estudio de los graves problemas de contaminación presentes en el litoral.

"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Andalucía tiene 18 ENP amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y donde se ha construido el hotel ilegal de El Algarrobico.

Asturias es, después de Euskadi, la comunidad autónoma con menos espacios protegidos en la costa. Además, está prevista la creación de hasta 2.500 amarres en su litoral o la construcción de un campo de golf en Gozón, en plena Red Natura 2000.

Cantabria, con cuatro ENP muy amenazados, ocupa el segundo lugar después de la Comunidad Valenciana en el porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros. Es paradigmático que siga operativo un campo de golf en el Parque Natural de las Dunas de Oyambre.

Cataluña, con ocho ENP amenazados, tiene en el Delta del Ebro el más claro ejemplo de acoso urbanístico y de infraestructuras a un espacio supuestamente protegido, donde la Agencia Europea de Medio Ambiente ha considerado al Delta como un "punto de alarma" por la contaminación de sus aguas debido a actividades industriales.

La Comunidad Valenciana tiene 21 ENP amenazados por diversos proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen asfixiando a este humedal.

Euskadi, con ocho ENP amenazados, tiene el porcentaje más bajo de costa protegida de todo el Estado. Y ejemplos como el proyecto de construcción de un puerto exterior de Pasaia en Jaizkibel, que forma parte de la Red Natura 2000, no avalan los argumentos de desarrollo sostenible que esgrime la Diputación de Guipúzcoa.

Galicia, con 17 ENP amenazados aunque, en la teoría, la Xunta reconoce que tiene más de la mitad de su costa protegida. Pero de nada sirve proteger bajo un marco legal si, como en el caso del ENP de la Costa da Morte, se pretende construir una piscifactoría de 300.000 metros cuadrados, en pleno espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000 europea.

En las Islas Baleares hay 14 ENP amenazados. Unos espacios protegidos que sufren una merma diaria en sus valores naturales. Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera.

En las Islas Canarias 14 ENP están amenazados. En esta comunidad autónoma el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.

La Región de Murcia, con siete ENP amenazados en tan sólo 300 kilómetros de litoral. La Región ostenta uno de los peores ejemplos del acoso a la costa virgen, con una reforma en la Ley del Suelo para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre (15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo turístico.

En el informe también se han analizado las agresiones costeras a los ENP de Ceuta y Melilla. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, poco a poco se va urbanizando el ENP de Monte Hacho, y en Melilla, los focos de contaminación y la ampliación del puerto amenazan el ENP de los Acantilados de Aguadú.

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