Buenos Aires, Argentina - A 19 meses del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, el Defensor del Pueblo de la Nación, y las organizaciones que conforman el Cuerpo Colegiado (Greenpeace, FARN, Asociación Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y CELS) evaluaron la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y denunciaron el incumplimiento del fallo.

El informe presentado por el Cuerpo Colegiado (1), organismo establecido por la CSJN para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el cumplimiento de la sentencia, evaluó las acciones del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, realizadas por la ACUMAR hasta diciembre de 2009 y concluyó que las obligaciones y plazos previstos en su mayoría no han sido cumplidos y que no se han registrado avances significativos.

Entre las críticas se destaca la ineficiencia de la ACUMAR, que a tres años de su creación, no ha logrado ejercer su rol como organismo de coordinación interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas a nivel de cuenca hídrica con metas y plazos concretos. Esta situación que se agravó por la debilidad institucional, evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, que repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.

"Hay demasiada planificación y poca acción, cada cambio de funcionarios implica volver a empezar y los avances no se concretan nunca. Además, a mas de tres años de presentado el Plan, todavía no contamos con indicadores que nos permitan medir los avances de gestión, es vergonzoso que aún los estén planificando", manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.

Si bien las críticas recaen sobre la Autoridad de Cuenca; el Cuerpo Colegiado exhorta a los tres gobiernos que tienen injerencia en el organismo a dar un explícito y amplio apoyo político para dar continuidad a los planes y dotar a la ACUMAR de los recursos necesarios para un real saneamiento del Riachuelo.

Entre los incumplimientos evaluados, Greenpeace destaca lo sucedido con el componente de Control Industrial. Aunque el fallo obliga a inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca luego de 17 meses sólo se ha supervisado cerca del 20% de los 4103 establecimientos relevados por ACUMAR -número ampliamente menor que el indicado por otras fuentes de información- y a este ritmo recién para el año que viene se lograría inspeccionar el total de las industrias tan solo una vez.

Por otra parte resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental, que de no ser modificada no cumplirá con la manda judicial.

"Las metas de calidad de agua propuesta por ACUMAR, no contienen restricciones para sustancias peligrosas como por ejemplo los metales pesados, por lo que no será posible una real recomposición ambiental de la Cuenca ni siquiera a el largo plazo", argumentó Martín Prieto, director Ejecutivo de Greenpeace.

Fuente: Greenpeace Argentina

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NOTAS

(1) El informe completo, disponible en Internet en:

http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/contaminaci-n/agua/riachuelo/informe-riachuelo-cuerpo-colegiado-2009.pdf

España - WWF solicita al Gobierno español que dé ejemplo ante sus socios comunitarios y lidere la puesta en práctica de la política europea en materia de aguas. La organización pide a los responsables políticos que no se escuden tras el pretexto de España recibe pocas precipitaciones y tiene ocasionales sequías, para acogerse a excepciones a la Directiva Marco del Agua (DMA). Entre ellas, cobrar un precio del agua muy bajo a los regantes, no hacer obligatorio el pago por daños ambientales a los agricultores, o rebajar los estándares de calidad respecto a otros países europeos.

WWF España coincide con la Comisión Europea en que la transposición de la Directiva Marco del Agua (DMA) se está realizando de manera incorrecta en varios artículos, desde las definiciones de conceptos como ‘río’ o ‘lago’, hasta el trato preferencial hacia algunos ‘usuarios’ –agricultura, industria, abastecimiento-, frente al resto de personas que disfrutan de otro tipo de beneficios del agua, sin pagar por ello –deportes acuáticos, turismo rural, pescadores, etc-.

En el caso de las aguas costeras, aunque el dominio público se encuentra casi enteramente deslindado, su gestión no se ha incorporado a la de las cuencas hidrográficas, es ineficiente y existen numerosos vertidos directos a las costas sin depurar.

También se ha detectado una drástica degradación de los objetivos ambientales en el marco de la planificación hidrológica, subordinándolos a la satisfacción de las demandas y proponiendo la construcción de nuevos trasvases y embalses, en lugar de fomentar el ahorro y modernizar los regadíos. Además, para conseguir las metas europeas, se han relajado los plazos y rebajado el listón de los criterios. De esta forma la transposición española de la DMA permite que se produzcan deterioros adicionales a los actuales hasta el año 2015.

En cuanto a la recuperación de costes de la gestión del agua, la legislación española no contempla los costes ambientales y trabaja para buscar las posibles excepciones, convirtiéndolas así en norma general en la aplicación de tarifas del agua para el regadío. Por ejemplo, la propuesta de Estrategia de regadíos sostenibles del Ministerio de Medio Ambiente no incluye cómo se van a recuperar los costes, ni se persigue en muchos proyectos un ahorro de agua que permita alcanzar el buen estado ecológico de ríos y acuíferos. Además, mediante el mantenimiento de unos precios del agua excesivamente bajos, la normativa española incentiva el derroche en lugar del ahorro y la utilización eficiente los recursos hídricos. WWF estima que es necesario separar con diferente trato los respectivos usos doméstico, regadío e industria y aplicar proporcionalmente el criterio de: ‘quien contamina, paga’.

La presión de las comunidades autónomas y de las comunidades de regantes solicitando una oferta ‘infinita’ de agua, así como la construcción de infraestructuras, han sido determinantes en la forma en que se ha realizado la transposición de la DMA al marco legal español. Por ejemplo, impidiendo la delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas en torno a la cuenca del río Júcar. Igualmente existen numerosos casos de conflicto entre cuencas por la gestión de los acuíferos compartidos, que no se contemplan en la planificación hidrológica.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF ha declarado: "El nuevo año 2010 es crucial ya que deben definirse los planes hidrológicos de cuenca que exige la DMA. Pero, por lo que hemos visto hasta ahora, la planificación está muy alejada de los objetivos ambientales de la Directiva. El Gobierno coloca la satisfacción de las demandas de los usos y las excepciones a los objetivos del buen estado ecológico de las masas de agua por encima de los objetivos medioambientales principales de la Directiva. Esperamos que esta advertencia de la Comisión cambie el rumbo de la planificación hidrológica actual".

Fuente: WWF

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Burgos, Castilla y León, España - Denuncian la aparición de peces muertos en el Ebro debido a un vertido de la central nuclear de Garoña. Todavía se ignora la naturaleza y alcance del vertido.

Ecologistas en Acción denuncia la aparición de peces muertos en el río Ebro en las proximidades de la central nuclear de Garoña (Burgos) durante la noche del día 12 de noviembre. Las causas de esta mortandad se deben a un vertido de la central nuclear cuya naturaleza y alcance se desconocen.

El vertido podría deberse a un escape de algún producto químico de los usados para la limpieza del circuito de refrigeración, que es abierto al río Ebro, o también a una liberación de agua demasiado caliente. Ambos casos tendrían efectos negativos sobre la fauna y la flora del río.

Los canales y tuberías del circuito de refrigeración se someten de vez en cuando a operaciones de limpieza con productos muy agresivos, por lo que no se puede descartar un escape de uno de éstos. Existe ya el precedente de la central nuclear de Trillo que sufrió una fuga de ácido sulfúrico a mediados de los 90, aunque en aquella ocasión el vertido no llegó al río Tajo.

Por otra parte, existen unas severas limitaciones sobre la temperatura a la que puede verterse el agua en los ríos que refrigeran las centrales nucleares. La diferencia de temperatura entre el agua de entrada y salida no puede superar los 3ºC y la temperatura del agua de vertido no debe superar los 30º en ningún caso. Un vertido de agua caliente podría también originar una mortandad de peces, tal como ya ha sucedido a mediados de los 90 en las centrales de Almaraz (Cáceres) y Zorita (Guadalajara).

Ecologistas en Acción pide que se investigue la naturaleza del escape y que se sancione a los responsables de la central por las afecciones causadas al río Ebro. Como se ve, el mantenimiento de la central en funcionamiento puede traer consecuencias negativas para el medio ambiente.

Fuente: Ecologistas en Acción.

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