Actuación ante el desacato a la autoridad en actividades extremas y de riesgo (VI)


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Federico Ferrero

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Obligación de participación y minoría de edad.

A diferencia de lo que ocurre con una actividad consentida, las actividades obligadas pueden descargar una mayor responsabilidad, si cabe, sobre los responsables. En el caso de los menores, estos no son considerados ante la ley como totalmente responsables de sus actos, por lo que normalmente compartirán la culpa por sus decisiones con los responsables de su tutela.

El caso de los menores es particularmente sensible, ya que están sometidos a la autoridad del adulto en cuestión con menor (o nula) capacidad de toma de decisiones que en el caso de un adulto. Las medidas coercitivas, sobre todo en momentos potencialmente peligrosas, pueden, por tanto, estar justificadas en el caso de la actuación con grupos de menores a cargo, siempre que el riesgo sea evidente para el/los responsables, ya que hay que tener en cuenta que este es el único caso en que la desobediencia no implica un cese de la responsabilidad de los que legalmente están en ese momento a cargo de la actividad de dicho menor.

Punto de vista médico sanitario.

Aquellos que sean legalmente considerados por tener una profesión que implique conocimientos de medicina o persona sanitario (médicos, enfermeros, técnicos en emergencias, paramédicos, socorristas, rescatistas, etc.) tienen la obligación de prestar socorro o atención médica, y la autoridad legal para hacer valer esa obligación. Un médico será siempre la mayor autoridad, seguido por un enfermero o técnico en emergencia, paramédico, socorrista, etc. Cualquier otra persona sin conocimientos o titulación que lo acredite, deberá ponerse al servicio de los profesionales sanitarios, si estos se hacen cargo de la situación. De no haber ninguna persona con titulación sanitaria concreta, el mayor responsable será el que tome las decisiones concretas. En caso de haber una incongruencia entre una acción de rescate o primeros auxilios concreta y otra que depende del responsable general de la actividad, este último deberá tomar la decisión de actuar o no según el beneficio de la mayoría del grupo. Por poner un ejemplo evidente: no se acudirá a rescatar o prestar a los primeros auxilios a una persona cuando los rescatadores podrían poner en peligro a su vez su vida. Deberá acatarse, por tanto, la autoridad de los responsables en cada materia, pero siempre siguiendo el principio PAS

Ninguna persona, pero sobre todo ningún profesional de los primeros auxilios o la medicina, puede cometer lo que legalmente se conoce como "omisión de socorro". Socorrer a otros, siempre que esto no ponga en peligro al que intenta socorrerlo, es una obligación moral, y también legal en la mayoría de los países.

El personal sanitario deberán tener en cuenta, adicionalmente, que toda intervención sanitaria o de primeros auxilios sobre una persona requiere, en principio, contar con su aceptación o consentimiento explícito, por lo que siempre hay que informar de qué vamos a hacer con la mayor precisión y simpleza posible. De no ser posible, el responsable tomará las decisiones que considere teniendo en cuenta nunca agravar el mal que aqueja al herido o paciente, y priorizando el mantenimiento de la vida, la funciones corporales implicadas y las estética, en ese orden.

En caso de que la actuación médica o sanitaria que se imponga sobrepase nuestras competencias legales en la materia, hay que saber que las mismas pueden estar igualmente justificadas en ciertos casos:

- si se trata de una urgencia de vida o muerte.
- si se trata de una urgencia en un medio aislado: nos encontramos en un entorno aislado en el que no es posible con suficiente celeridad organizar una evacuación por ningún medio.
- si somos dirigidos por un médico o personal sanitario cualificado, ya sea in situ o a distancia (telemedicina).

En estos casos, si la víctima no puede manifestarse, las terceras personas implicadas tienen el deber de dejar actuar al responsable sanitario, prestar su ayuda o acatar su autoridad.



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