El Gea

Impunidad, retroceso, deterioro y desmantelamiento de la normatividad y de la política ambiental Mexicana (I)

Por Greenpeace México - Comunicado de Prensa.

Editado por Federico Ferrero


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Los casos que a continuación se denuncian, son solo algunos de los que constituyen en su conjunto el record de la actuación de Alberto Cárdenas y de sus altos funcionarios en la secretaría de medio ambiente y recursos naturales que, por estar plenamente respaldados con la evidencia documental con que contamos, no podrán ser desmentidos por el gobierno:

1) La Semarnat de Cárdenas modificó y debilitó considerablemente la normatividad que con grandes esfuerzos se había logrado poner en vigor, para proteger los delicados humedales costeros del país (norma o22), solo para favorecer a los desarrolladores turísticos y contrariando el consenso a que se había llegado con los científicos y la comunidad ambientalista durante el proceso de 7 años de elaboración de dicha norma.

2) La Semarnat de Cárdenas autorizó, en franca violación a la norma 022, las obras y actividades relativas a la tercera etapa de Cancún que afectarán gravemente a humedales y manglares de la zona.

3) La Semarnat de Cárdenas y la Profepa de Luege, toleraron la construcción ilegalmente autorizada del desarrollo mayan palace en playa del carmen, con 3000 habitaciones en lugar de las 700 permitidas y con la destrucción de 90% de la cobertura vegetal, en violación de una multitud de disposiciones legales y con la escandalosa corrupción de numerosos funcionarios, muchos de los cuales permanecen impunes.

4) La Semarnat de Cárdenas dió marcha atrás al programa de playas limpias con que inició la administración del presidente fox, asegurando irresponsablemente y por arte de magia que todas las playas del país están limpias, cediendo así ante los grandes intereses de gobernadores, hoteleros y comerciantes.

5) La Semarnat de Cárdenas promovió la modificación del reglamento de áreas naturales protegidas (artículo 81-f), que enorgullecía a México internacionalmente, incrementando, solo para favorecer al sector pesquero en el alto Golfo de California, la captura incidental permisible de especies protegidas y en peligro de extinción (mamíferos y tortugas marinas), todo ello con graves repercusiones para todas las áreas protegidas del país.


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