El Gea

CONFERENCIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA (XV).

Por Felipe Pérez Roque, canciller cubano - 18 de abril del 2003.

(Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado de Cuba)


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Hay personalidades que han llegado a decir que en Cuba se ha aplicado la pena de muerte a disidentes políticos para referirse a delincuentes comunes, con pésimos antecedentes penales, que secuestraron, usando armas, una embarcación, que pusieron en peligro la vida de todos los que viajaban ahí, que amenazaron con asesinarlos, que cometieron actos de terrorismo; se ha dicho que esos son disidentes políticos, está en la prensa publicado y he leído declaraciones.

Ahora, si yo fuera a buscar un argumento, entonces leería esto que está aquí:

"El presidente George Bush tuvo en Texas el récord de ejecuciones de penas de muerte en la historia de los Estados Unidos."

En el invierno del año pasado dijo textualmente: "Yo apoyo la pena de muerte, creo que es una medida que ayuda a salvar vidas." Yo no sé por qué si esto es lo que opina el Presidente, hay funcionarios norteamericanos que tienen la hipocresía de hablar por el hecho de que en Cuba se haya aplicado, de manera excepcional y obligados por las circunstancias particulares que vive el país, y con dolor, la pena de muerte. El presidente Bush ha dicho que es una medida "que ayuda a salvar vidas" y que la apoya.

Sigo leyendo:

"En los seis años en que estuvo como gobernador de Texas, fueron ejecutadas 152 personas", las firmó él. Entonces, no sé por qué sobre este tema ningún país presenta en Ginebra una resolución.

Los diplomáticos norteamericanos deberían al menos callar por pudor para referirse a lo que ha ocurrido en Cuba, cuando todo el mundo sabe la realidad que allí se vive.

El derecho internacional y la ley cubana prohíben la aplicación de la pena capital a menores de edad.

Leo ahora: "Estados Unidos ha ejecutado a 12 menores de edad desde que se reanudaron en ese país las penas de muerte en 1977", eran menores de edad cuando cometieron los delitos. "Excepto Estados Unidos, todos los países están de acuerdo en acatar el artículo 3.7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años de edad."





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