Norma Risso - Investigadora Asociada - Andinia.com.

Educación Superior Argentina: marco legal (II)

Por Norma Risso
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Comunicación Social


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La ley de Educación Superior actualmente en vigencia, sancionada en 1995, rige para las instituciones de formación superior, sean universitarias o no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas.

Fija con claridad los fines y objetivos, entre los cuales menciona proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actividades y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexiva, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

Puntualiza además que la Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas.

Asimismo permite que los mayores de 25 años que no hayan aprobado estudios secundarios, puedan ingresar siempre que demuestren, a través de evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
Prevé la articulación entre las casa de altos estudios y los niveles educativos previos, con participación de las respectivas jurisdicciones, así como la articulación entre instituciones de educación superior no universitaria e instituciones universitarias, establecida mediante convenios entre ellas.

Queda establecido que el acceso de los docentes a la carrera académica será mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición; no teniendo, como en la anterior ley, injerencia alguna el Poder Ejecutivo Nacional ni ninguna otra instancia ajena a la misma Universidad.





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