Norma Risso - Investigadora Asociada - Andinia.com.

Educación Superior Argentina: marco legal (I)

Por Norma Risso
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Comunicación Social


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La Ley 1597 sobre Estatutos Universitarios, llamada Ley Avellaneda en honor de su inspirador, Nicolás Avellaneda, se sanciona en 1885, en un contexto que reclamaba organizar la universidad que, hasta ese momento, se regía por un Estatuto provisorio que establecía algunos presupuestos básicos pero, a todas luces, insuficientes.

Era imprescindible definir los lineamientos de la política universitaria nacional con el objeto de fijar las bases administrativas generales, para que luego cada Universidad se diera sus propios reglamentos.  

Así fue que se tuvieron en cuenta dos puntos básicos: la organización y la autonomía. Con respecto al primero de ellos, las universidades (que no eran a la sazón más que las de Córdoba y de Buenos Aires) tendrían un Rector, un Consejo Superior y las Facultades.

El Consejo Superior estaría compuesto por el Rector, los Decanos y Delegados de las Facultades.

Las Facultades tendrían a su cargo las cuestiones disciplinarias correspondientes a cada una de sus jurisdicciones, proyectarían sus planes de estudios y otorgarían los certificados correspondientes.

En cuanto a la autonomía, si bien fue citada en la fundamentación de la ley, de hecho fue muy limitada en la parte dispositiva de la misma, que la refirió fundamentalmente al sistema financiero y a la provisión de cátedras. Sin embargo, hasta este punto era limitado, ya que era el Poder Ejecutivo quien designaría o destituiría a los profesores. Asimismo, los estatutos dictados por el Consejo Superior, debían contar también con la aprobación de las autoridades nacionales.





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