P. Edronkin

Enrique Oliva, alias Francois Lepot, está equivocado respecto del Rey de la Araucanía (XII).




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En una parte específica de la obra, el autor menciona los títulos reconocidos por Francia, en base a una carta escrita por un General francés que es director del colegio heráldico de ese país, en donde insiste en que Francia únicamente reconoce los títulos nobiliarios otorgados por ella o por países soberanos. 

Es necesario recordar que en Europa un título nobiliario tiene rango oficial e implica ciertos privilegios, y por ello existe allí tal cuidado con estas cosas. Para los sudamericanos, estos títulos son solamente adornos, pero para los europeos, no. 

También dice que se sanciona severamente (cárcel) a quienes hagan uso de títulos de forma ilegítima, pero no habla expresamente del caso de la nobleza del Principado o Reino en cuestión.

Sin embargo, el autor también menciona que Antoine, o mejor dicho, su tumba, recibió una lápida varios años después de su muerte, en donde dice "Antoine i, Rey de Araucanía y Patagonia", o sea que si este título, no fuera reconocido por el estado Francés, esa lápida tendría que haber sido quitada de allí, y sin embargo, hasta figura en la guía Michelin para turistas. ¿No sería esto apología del delito por parte de Michelin?

¿Acaso yo o Lepot podríamos tener sendas lápidas que rezaran "Presidente de la República" si no lo fuéramos ?

¿Puedo yo hacer que mi lápida me declare Papa?

Por otro lado, si ello se sanciona con la cárcel, ¿cómo es posible que la "Corte Araucana" sigue existiendo? ¿Cómo es posible que con títulos supuestamente falsos o ilegítimos los supuestos descendientes de Antoine I continúen reafirmando sus respectivas posiciones y no estén en este mismo momento en la carcel? 

Con las argucias aducidas por Lepot no alcanza para explicar toda esta situación. Quizás alcanzarían para explicar algún que otro aspecto aislado, pero no algo tan orgánico y tan complejo como esto.

No nos olvidemos todo este debate se centra en Francia, y si las cortes francesas "no son competentes" para resolver sobre estos títulos de nobleza o realeza en cuestión por ser "extranjeros" entonces están reconociendo que, en primer lugar, no es un delito emplearlos en sí, y en segundo lugar, que se trata de una cuestión extranjera para ellos.

Si es una cuestión extranjera, entonces puede ser Argentina, Chilena, o sino ¿de quién otro?

Si ni la Argentina ni Chile han demandado legalmente a esta Casa Real a lo largo de más de un siglo, y si el propio sucesor, Philippe ha venido a estas tierras y no ha sido procesado por la tenencia de un título ilegítimo, sedición, etc. entonces la única conclusión que cabe es que no es algo de competencia de estos países, y las cortes francesas y sus jueces ya habrán tenido tiempo de saber cual era la situación de tales títulos en la Argentina y en Chile.

Es más, no son de jurisdicción, por lo menos de la Argentina, por cuestiones constitucionales.

Por consiguiente, si el título no es francés, ni argentino, ni chileno, Francia reconoce implícitamente con este hecho, y más allá de otros reconocimientos implícitos o explícitos, que la Araucanía es un reino soberano y que su monarca fue Antoine I, porque obviamente, las "potencias extranjeras" o el "gobierno soberano" que se requiere que otorgue el título como tal no es ni la Argentina ni Chile.

Si se tratara de un delito la utilización de los títulos araucanos bajo la jurisdicción francesa, ipso facto se deduce que las cortes de dicho país no se hubieran declarado incompetentes y por consiguiente, Philippe habría sido sancionado pues la Araucanía no sería un gobierno soberano apto como para otorgar tales títulos.

Por lo tanto, si las cortes son incompetentes en este caso ¿a quién le quedaría resolver esto? ¿Al supremo tribunal francés? ¿Y quién tendría que haber apelado a él?¿El sucesor Philippe quizás?

Según el Sr. Lepot, es precisamente Philippe quien debería haberlo hecho pero resulta ridículo pensar que si uno ha ganado un juicio en una instancia, va a apelar el propio fallo para que pase a una instancia superior. 

O sea, si yo le hago un juicio a alguien, no es precisamente para darle la razón sino para quedarme con ella, y nadie está obligado a actuar en su propia contra. Vale decir, tendría que ser la parte contraria lo que lo hiciera ¿Y por qué no Lepot, entonces?

Dicho de otro modo, las instancias de apelación existen para darle varias oportunidades a la parte perdedora, a fin de hacer valer sus reclamos, pero no hay obligación alguna para la parte ganadora de hacer uso de tales instancias a fin de perjudicarse.

Por otra parte, Lepot dice que el sucesor Philippe recurrió a tribunales que le darían una solución más simple y expeditiva para sus casos judiciales y yo pregunto ¿Qué hay de malo en ello? ¿O acaso una persona que busca solucionar una cuestión judicial está obligada a hacerlo de la manera más difícil posible?

Segun esto, habría que entender que Lepot considera sano hacerse más problemas de los necesarios.




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